Fundamentación: Para realizar un diagnóstico medio ambiental efectivo de los últimos 10 o 15 años se necesita mucha investigación y análisis de datos para obtener un resultado efectivo, así mismo, realizarlo dentro de la provincia de buenos aires se torna aún más complejo y desafiante dado el contexto socio ambiental en la que se encuentra hace décadas.
En muchos casos los temas de medio ambiente se tornan importantes cuando se visualiza un redito político, muy pocas veces se ven avances netamente enfocados en la población en general y en erradicar el problema de raíz.
En los últimos años se emitieron y se actualizaron una gran cantidad de documentos legales en pos del cuidado del medio ambiente y de un acompañamiento en el crecimiento productivo de manera sustentable, el problema de raíz es que muchas veces fallan los controles y existe una falencia en la educación ambiental, muchas veces se busca sancionar sin haber educado primero.
En la gran mayoría de los casos, las soluciones ambientales no se tornan impracticables a la población en general por la falta de participación activa del estado y de una educación ambiental integral.
Desarrollo:
En 2021 se anunció la creación del ministerio de ambiente de la provincia de buenos aires indicando las siguientes competencias:
Le corresponde al Ministerio de Ambiente asistir al Gobernador en todo lo inherente a las materias de su competencia, y en particular:
- Entender en materia ambiental, en carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 11.723 y demás normativas ambientales complementarias, ejerciendo el poder de policía y fiscalizando toda acción que sea posible de dañar el ambiente, afectar la salud o la calidad de vida de la población, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros organismos.
- Entender en la formulación, proyección, fiscalización y ejecución de la política ambiental con el objetivo de preservar los bienes comunes naturales, promoviendo la transición ecológica, incorporando tecnologías y energías alternativas.
- Intervenir en los procedimientos de prevención, determinación, evaluación y fiscalización en materia de residuos.
- Entender en la planificación y coordinación de políticas de educación ambiental destinada a mejorar y preservar la calidad ambiental y entender en la formación y capacitación de los integrantes del Estado provincial.
- Entender en la gestión, manejo y conservación de las áreas protegidas y bosques nativos.
- Intervenir en la planificación y conservación de la biodiversidad y en la implementación de políticas tendientes a la protección y mejoramiento del suelo.
- Intervenir en la instrumentación de las medidas de coordinación y articulación junto a otros organismos competentes para la gestión ambiental del agua en la Provincia.
- Intervenir en la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio provincial, en el marco del Decreto-Ley Nº 8912/77, su espacio costero y marino y el Delta del Paraná bonaerense, en coordinación con otras jurisdicciones y organismos competentes en la materia.
- Entender en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental e instrumentos complementarios, en el ámbito de su jurisdicción.
- Intervenir en las políticas de mitigación y adaptación del cambio climático coordinando la elaboración e implementación de planes y acciones respectivas con las demás jurisdicciones competentes.
- Integrar el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, en coordinación con los Ministerios de Desarrollo Agrario y de Seguridad, en el marco de sus competencias, y en articulación con el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
- Participar en la materia de su competencia en lo relacionado a las acciones preventivas y ante las emergencias naturales y catástrofes climáticas, bajo el enfoque de reducción de riesgo de desastre y la adaptación basada en ecosistemas.
- Coordinar la concertación y articulación con los gobiernos municipales para la implementación de la política ambiental provincial.
La creación de este ministerio con su respectiva asignación presupuestaria indica un avance, o al menos una esperanza de avance en la evaluación y planificación de acciones tendientes a mejorar el entorno en el que vivimos.
Estos elementos resaltan la complejidad de la gestión ambiental en Buenos Aires y subrayan la necesidad de un enfoque integrado que contemple tanto el desarrollo económico como la conservación del medio ambiente.
En los últimos diez años, la provincia de Buenos Aires ha experimentado una evolución significativa en su legislación ambiental, centrada en la protección de los recursos naturales, la gestión de residuos, y la mitigación del cambio climático.
Uno de los hitos importantes fue la incorporación de derechos ambientales en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, destacando el derecho a un ambiente sano y el deber de conservarlo para las generaciones futuras en su Artículo 28.
Esta normativa también impone obligaciones a las personas y entidades para prevenir la degradación ambiental y garantiza el acceso a información y participación en la defensa del medio ambiente.
Por otro lado, en el 2006 se sanciono La Ley Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Ley 13.592) la cual tiene su enfoque en la gestión integral de residuos, promoviendo la reducción, reutilización y reciclaje, así como la adecuada disposición final de los residuos. Además, se han implementado políticas para controlar y reducir la contaminación industrial, protegiendo los cuerpos de agua y la calidad del aire.
En cuanto a la protección de la biodiversidad, se han creado y expandido áreas naturales protegidas, y se han implementado programas de conservación de especies nativas y control de especies.
Asimismo, la provincia ha adoptado medidas para enfrentar el cambio climático, desarrollando planes y estrategias que incluyen la promoción de energías renovables, la eficiencia energética, y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos esfuerzos buscan no solo mitigar los impactos del cambio climático sino también adaptarse a sus efectos.
En resumen, la legislación ambiental en la provincia de Buenos Aires ha avanzado considerablemente en la última década, con un enfoque integral que abarca la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, garantizando al mismo tiempo la participación ciudadana y el acceso a la información.
A continuación, se detallan algunos ejes de trabajo, los cuales se detectan como un buen punto de partida para una transformación ambiental a baja escala con el objetivo de ampliar la misma a medida que se vaya desarrollando.
EJES DE TRABAJO
- Relevamiento a nivel municipal.
- Recuperación de espacios públicos.
- Gestión integral de residuos + Economía circular.
- Educación ambiental.
- Relevamiento a nivel municipal:
En este eje se tomará como punto de partida y modelo a seguir lo desarrollado en los Índices de seguimiento y sostenibilidad (ISSos) desarrollados por la Unidad de auditoría interna de la nación.
INTRODUCCION
El constante crecimiento a nivel mundial del uso de recursos naturales y energía deja en evidencia la necesidad de trabajar de manera conjunta y colaborativa, la modificación de los patrones insostenibles de producción y consumo. Si bien desde el año 1985 con la publicación del Informe Bruntland por parte de las Naciones Unidas quedó determinada la imposibilidad de disociar lo ambiental, lo social y lo económico por ser dimensiones del desarrollo íntimamente ligadas entre sí, el actual escenario de finitudes de recursos y la evolución de la consciencia socio ambiental en las instituciones ha hecho que las prácticas de sostenibilidad reciban especial atención.
El argumento se ha ido reforzando con el correr de los tiempos hasta la actualidad, pasando por la Cumbre de Río en 1992, los Objetivos del Milenio (ODM), hasta la aprobación de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
Para lograr la modificación de los mencionados patrones insostenibles de producción y consumo, es preciso repensar la forma en que nos relacionamos con los sistemas ecológicos y comenzar a implementar desde los cimientos de la sociedad una economía que tenga en cuenta los ciclos de la naturaleza, la entropía del proceso económico y que sirva al conjunto de la población.
En el caso particular del Sector Público Nacional, cada organismo es responsable de la organización de sus sedes, edificios, oficinas y otras reparticiones donde se puede implementar una gestión más eficiente y sostenible en sus sitios de trabajo. Además de esto, la inserción de los valores de sostenibilidad en el SPN fomenta la transparencia activa en los gastos públicos logrando mayor eficiencia, considerando la vinculación de este abordaje con la responsabilidad social.
Esta herramienta se compone de cuatro (4) etapas, a saber:
1) Relevamiento y conformación de la Línea de Base;
2) Identificación de Compromisos y Mejoras;
3) Seguimiento y Monitoreo;
4) Retroalimentación.
El alcance del relevamiento consiste en:
Gestión de la Energía
Gestión del Agua
Gestión de Residuos
Racionalización del uso del papel e implementación del Expediente Electrónico.
Mantenimiento, Orden y Limpieza
Compras Públicas Sostenibles
Higiene y Seguridad
Accesibilidad
Movilidad sostenible y teletrabajo
Superficie y Espacios Verdes.
Capacitación, concientización y difusión.
- Recuperación de espacios públicos:
El objetivo de plantear una propuesta a la problemática de los espacios públicos radica en la importancia de estos en la conservación del medio ambiente y de la calidad de vida de la sociedad.
Los elementos claves corresponden al posible impacto ambiental, la participación ciudadana, la planificación estratégica, la reducción de la inseguridad y la equidad.
Las relaciones sociales, la falta de una participación activa del estado y el contexto socioeconómico contribuyen en la degradación de los espacios públicos, esto lleva a conflictos urbanos como ser: apropiación por parte del comercio informal, la contaminación visual, sonora y ambiental, entre otras.
Para abordar esta problemática es necesario identificar los espacios públicos a recuperar, conocer su evolución histórica, identificar las necesidades de esos espacios y su posible uso y reconversión.
- Gestión integral de residuos + Economía circular.
El estado de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la provincia de Buenos Aires refleja tanto avances como desafíos persistentes en su gestión. La provincia genera aproximadamente 20.000 toneladas de RSU por día, con una gran parte proveniente del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La mayoría de estos residuos se disponen en el Complejo Ambiental Norte III, aunque solo un porcentaje limitado se recicla.
Recientemente, se han inaugurado plantas de reciclaje y se han impulsado programas de gestión integral para mejorar la separación y el tratamiento de residuos. Sin embargo, la infraestructura y los recursos disponibles aún no son suficientes para cubrir toda la demanda de reciclaje y tratamiento adecuado de los residuos.
Los datos disponibles en la página oficial del Ministerio de Ambiente de la provincia de buenos aires, nos muestra lo siguiente:
La Provincia de Buenos Aires (PBA) concentra el 40 % de la generación de residuos del país: 19 mil toneladas por día. De este total, el 36 % se produce en el conurbano bonaerense.
En la Provincia existen 13 rellenos sanitarios en funcionamiento. Están diseñados para disponer los residuos de manera controlada, evitando la contaminación ambiental (hídrica, atmosférica, de propagación de vectores epidemiológicos, etc.).
Sin embargo, se estima que del total de los residuos sólidos que se generan en la PBA, más del 40 % es depositado en basurales a cielo abierto por la falta de sitios de disposición final adecuados.
De esta manera, en el Gran Buenos Aires el 12,3 % de los hogares vive a tres cuadras o menos de un basural a cielo abierto, lo que impacta en la salud de unos 335.462 niños y niñas.
El siguiente cuadro nos muestra el detalle de la disposición final de residuos en los 135 municipios de la PBA para el año 2020:
Asimismo, en el gráfico podemos observar cómo se distribuye por municipios la forma de disposición:
81 municipios (el 60 %) disponen sus residuos en basurales a cielo abierto (BCA);
44 municipios (el 32,6 %) disponen sus residuos en rellenos del CEAMSE;
10 municipios (el 7,4 %) disponen sus residuos en rellenos o celdas sanitarias.
A la problemática que supone la cantidad de residuos generados y el número de municipios que siguen disponiéndolos en basurales a cielo abierto, se le suma el manejo de los residuos en los barrios populares, dado los déficits actuales y los problemas ambientales y sociales que ello conlleva.
A partir de este escenario, el Ministerio de Ambiente trabaja en la promoción de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), entendida como un sistema de manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a disposición final.
De esta manera, se pone el foco en el fortalecimiento de los circuitos de recolección, recuperación y reciclado con inclusión social.
En la Provincia, las y los Recuperadores Urbanos realizan las actividades de recuperación, acondicionamiento y venta de materiales reciclables de las calles o los basurales. Son el eslabón principal de la gestión de residuos y de la economía circular. Su trabajo impide que estos residuos sean enterrados en rellenos sanitarios o depositados en los basurales a cielo abierto, evitando la generación de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire, el agua y el suelo.
A su vez, el material que recolectan y acondicionan las y los Recuperadores Urbanos es materia prima fundamental para insumos de la industria alimenticia, medicamentos y productos de higiene. De hecho, el 70 % de los insumos utilizados por los fabricantes de envases y empaques de alimentos y medicamentos, papel higiénico y otros productos esenciales, proviene del material que recolectan puerta a puerta los recuperadores y las cooperativas que los agrupan.
Sin embargo, los y las recicladores urbanos de nuestro país se enfrentan hoy a condiciones de extrema precariedad laboral y social, siendo la suya una tarea de subsistencia con recursos insuficientes para garantizar las medidas de higiene y seguridad indispensables.
En el caso de los recuperadores que se encuentran en los basurales a cielo abierto la situación es aún más crítica, ya que no cuentan con elementos de protección personal ni agua potable para su hidratación y correcta higiene. Tampoco poseen un sitio de trabajo seguro, quedando expuestos en el frente de descarga del basural ante posibles accidentes con los camiones recolectores. A esto se le suma la presencia de niños, niñas y adolescentes acompañando a sus familias en la labor diaria, situaciones de viviendas dentro del predio y consumo de alimentos provenientes del basural.
Se estima que el número de recuperadores podría estar por encima de los 200.000 para el total de la Argentina y cerca de los 60.000 para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de los cuales al menos 2.500 se encuentran trabajando en basurales a cielo abierto.
En la PBA existen al menos 120 cooperativas de recuperadores urbanos que nuclean alrededor de 6.000 recuperadores organizados formalmente. El 80 % de estas cooperativas están en el AMBA, solo el 20 % en el interior de la Provincia.
En conjunto, las y los Recuperadores Urbanos recuperan alrededor de cinco mil toneladas diarias de residuos reciclables. La situación de estos trabajadores y de las organizaciones que los agrupan es muy heterogénea; entre estas últimas, son pocas las que cuentan con instalaciones adecuadas para realizar su trabajo y maquinaria y equipamiento apropiado.
Solo 70 cooperativas y/o asociaciones civiles de recuperadores de residuos urbanos se han inscripto como Destinos Sustentables. Es decir, como lugares destinados al tratamiento físico de los residuos sólidos urbanos reconocidos oficialmente.
Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires se encuentra trabajando en diferentes líneas de acción para establecer un sistema de reciclado con inclusión social.
- Programa mi provincia recicla.
- Promotoras ambientales.
- Relevamiento y saneamiento de basurales.
- Plan de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs).
- Educación ambiental.
En el año 2021 se sancionó y promulgó la Ley 27621, para la Implementación de la Educación Ambiental Integral (EAI) como una política pública nacional.
Esta normativa instala en la agenda pública la necesidad de desarrollar un abordaje integral a la problemática, que implique la coordinación entre la multiplicidad de actores de la sociedad con roles y responsabilidades clave en las múltiples esferas en las que se ve implicada la EAI, tanto en el ámbito de la educación formal como no formal.
Los objetivos de la ley son los siguientes:
Promover la elaboración y el desarrollo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI) y de las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAIs); y su implementación operativa, garantizando la creación y existencia de un área programática específica.
Determinar, por parte de la autoridad educativa, la modalidad de articulación del componente de la educación ambiental integral en el ámbito formal, con el fin de dar cumplimiento a la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI) y las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAIs).
Desarrollar a nivel nacional y con participación de las jurisdicciones un estudio de percepción ambiental sobre las distintas audiencias destino que permita establecer una línea de base orientada a ajustar la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI) y las correspondientes Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAIs) a la realidad de los territorios en referencia a las necesidades y demandas de su implementación.
Fortalecer las capacidades técnicas para la implementación de la estrategia, a través de la profesionalización de los recursos humanos involucrados en todas las jurisdicciones, mediante la capacitación y perfeccionamiento de grado y de posgrado.
Elaborar y diseñar políticas nacionales y orientar políticas jurisdiccionales, estrategias y acciones de educación ambiental integral, en todo de acuerdo con los enfoques prescritos en los capítulos I, II y III de la presente ley.
Alcanzar la más amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional y promover las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAIs) juntamente con mecanismos de concertación social y gestión interinstitucional, garantizando sistematicidad, coherencia, continuidad y sostenibilidad de la gestión permanente de la educación ambiental.
Generar consensos sociales básicos y fundamentales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y prioridades estratégicas y coyunturales, referidas a los contenidos de la educación ambiental integral nacional y su federalización.
Crear un repositorio de experiencias de educación ambiental integral accesible por procedimientos informáticos vía internet.
Generar y gestionar los mecanismos que faciliten el cumplimiento sistemático de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y/o aquellos que en el futuro se acuerden.
Favorecer los consensos que garanticen la sustentabilidad a largo plazo para la prevención y el control de los procesos susceptibles de producir impactos ambientales depredativos e irreversibles.
Impulsar programas de Educación Ambiental Integral en la capacitación de los agentes de la administración pública nacional, provincial y municipal y la asistencia técnica a los sectores gubernamentales que así lo requieran, para el desarrollo de sus programas y proyectos en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI).
Elaborar, publicar y distribuir materiales de Educación Ambiental oficiales y gratuitos en todos los soportes disponibles y apropiados de acuerdo con los principios establecidos en la presente ley.
Es importante mencionar que la sanción de esta ley es un avance significativo en la temática ambiental ya que establece en agenda esta problemática.
Se plantea como un desafío fortalecer la aplicación de esta ley sobre todo en los docentes de todos los niveles para lograr instalar definitivamente en todos los diseños curriculares la temática ambiental.
Por lo mencionado anteriormente se hace indispensable formar correctamente al personal docente sobre esta temática como así también a los funcionarios municipales.
Por ejemplo la Universidad Nacional de San Martin a través de su escuela de hábitat y sostenibilidad dicta la “Diplomatura de estudios avanzados en educación ambiental” destinada a Profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria; Profesores de EGB, EGB2 EGB3, o títulos equivalentes; Profesores de institutos de formación docente y todas aquellas que acrediten desempeño o formación profesional equivalente en el campo de la educación ambiental.
Conclusiones:
Luego de realizar una investigación parcial de la situación ambiental en la provincia de Buenos Aires, se evidencia que si bien hubo un avance significativo en los últimos 10 años en lo referido a la legislación como por ejemplo con la creación del ministerio de ambiente, todavía se ve una falta de educación ambiental en la población en general.
Esto conlleva a diferentes problemáticas en los diferentes distritos y se suma a esto, la situación socio económica de la población en general de la provincia de Buenos Aires.
La falta de educación sumado a algunas acciones y decisiones por parte de los organismos públicos con poca llegada a la población general, hacen que las soluciones, planteadas por décadas, no avancen y siempre se hable de un problema existente con pocas soluciones viables e inmediatas.
