Fundamentación:
Al hablar de discapacidad es necesario detallar a que hacemos referencia. Según la “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, cuando hablamos de las personas con discapacidad hacemos referencia a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.
En este sentido es pertinente detallar una serie de herramientas, que en nuestra sociedad son fundamentales para la inclusión, como el Certificado Único de Discapacidad, Pensiones no Contributivas, prestaciones médicas, accesibilidad e inclusión en el mundo laboral.
En todos estos parámetros encontramos un factor en común, el estado. Este último es quien debe garantizar la plena inclusión y accesibilidad, buscar la mayor eficiencia en la participación del estado es clave para buscar una mayor plenitud en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Desarrollo:
En Argentina el Certificado Único de Discapacidad es el trámite que permite ser considerada a alguna persona con algún tipo de discapacidad. La facultad de evaluar y emitir estos certificados se encuentra delegada en cada una de las jurisdicciones, tanto provincias como municipios. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires son emitidos por las juntas de discapacidad de los municipios y por efectores de salud del ámbito provincial y nacional.
Es el caso de la Ley N° Ley 27711 sancionada por el Congreso de la Nación, que en el año 2023 impuso modificaciones en el CUD tendientes a romper con las barreras burocráticas a las que se enfrentan las personas con discapacidad, pudiendo, por ejemplo, emitirse estos certificados sin fecha de vencimiento, dado que hay deficiencias o diagnósticos que no mejoraran con el correr de los años, por lo cual renovar certificados en estos casos era algo estrictamente burocrático e insensible.
Las Pensiones No Contributivas si bien no son estrictamente para personas con discapacidad, es una gran herramienta de ingresos económicos para aquellas personas con discapacidad que se encuentran en una situación socio económica vulnerable lo cual suele ser en la mayoría de los casos, dado que la discapacidad trae aparejado tanto para las personas como para su entorno familiar muchos gastos para poder llegar a la plena inclusión en la sociedad, sea para traslados por ejemplo o puede serlo por la necesidad de costear tratamientos.
Una de las principales problemáticas a las que se han sometido y se someten estas Pensiones en los últimos años es que al estar reguladas por un Decreto y no por una ley moderna, los diferentes cambios de gobierno nacional terminan influyendo en la política pública siendo la misma fluctuante en relación al acceso a derechos.
El Decreto 7/23 de la Agencia Nacional de Discapacidad resolvió algunas problemáticas que se venían arrastrando en relación a las Pensiones No Contributivas como eliminar la “invalidez laborativa igual o mayor al 76%” para acceder a las mismas, dado que en el gobierno de Mauricio Macri se utilizó este apartado para hacer una comparación con el baremo de la Superintendencia de Trabajo algo que no tenía que ver con la naturaleza de la norma. Por otro lado, se estableció que se requería una condición de salud que imposibilite la plena inclusión para acceder a la misma, dejando en claro que no solo son las personas con discapacidad quienes pueden acceder a este derecho.
Otra de las modificaciones que trajo aparejada este decreto fue la posibilidad que un cónyuge pueda obtenerla aun cuando el otro cónyuge tenga ingresos económicos, dado que en la práctica muchas personas se separan de hecho y quedaban rehenes de una situación vulnerable sin poder acceder a derechos básicos.
En cuanto a las prestaciones médicas también se ha dispuesto un esquema de regulaciones mediante decretos que circunscribe el plena acceso a la salud a las políticas públicas que decida el gobierno de turno, que tanto en el lapso 2015-19 y en este gobierno va en busca de menor “gasto público” disminuyendo cantidad de prestaciones, ampliando tiempos de pago a prestadores y haciendo un control más laxo desde la Super Intendencia de Salud a los fines de buscar el equilibrio económico de grandes monopolios de salud a través de la falta de cumplimiento de los tratamientos.
En materias de accesibilidad se avanzó mucho en los últimos 15 años, en el transporte público se han establecido mayores requerimientos para renovar unidades de colectivos y que están estén adaptadas a personas con movilidad reducida. Sin ir más lejos, lo mismo sucedió con los trenes adquiriéndose nuevas unidades con lugares específicos para personas con movilidad reducida y estableciendo señalización inclusiva en las diferentes estaciones para garantizar un transporte al que puedan acceder todos por igual.
En cuanto a la infraestructura publica se han ido modificando establecimientos con rampas, señalización inclusiva y atención prioritaria tanto en el ámbito público como privado a los fines de garantizar una respuesta a quienes no pueden esperar largas filas por su discapacidad.
En el ámbito privado, el estado ha fortalecido en el último tiempo los controles en habilitaciones y proyectos a los fines de garantizar el acceso a todos por igual sin que una discapacidad impida esto, exigiendo rampas, señalización, ascensores y en casos específicos la atención adaptativa con sistema braille o lenguaje de señas.
El gobierno nacional de la gestión que respecta al 2019-2023 ha desarrollado a través de “Accesar” un proyecto que posibilita la adaptación de espacios para personas con discapacidad y la creación de nuevos proyectos a los fines de incluir a todos.
Otra de las principales problemáticas de las personas con discapacidad y que vio un enorme cambio en los últimos quince años tiene que ver con la inclusión al mundo laboral.
En el año 2010 se estableció mediante el decreto Decreto N° 312/2010 un cupo laboral para personas con discapacidad en organismos estatales de un 4 %.
Sin embargo, la revolución tecnológica de los últimos años ha generado muchas oportunidades laborales que no ha sido acompañada por políticas publicas al dia de la fecha que posibiliten la plena inclusión de personas con discapacidad, principalmente teniendo en cuenta aquellas personas con movilidad reducida que no pueden o se les dificulta moverse de sus respectivos hogares.
Conclusiones:
Para vivir en un mundo más inclusivo donde todos contemos con las mismas oportunidades debemos entender y lograr que el estado actué como garante de estas situaciones interviniendo de manera eficiente, dado que el libre mercado difícilmente defienda a quienes cuentan con barreras a desarrollarse.
En primer término, buscar una red de acción en conjunto con el sistema sanitario y los diferentes niveles de gobierno para facilitar la tramitación de los CUD y los respectivos estudios complementarios que deben estar actualizados es fundamental. Se deben pensar acciones como esta, de articulación a los fines de eliminar la burocracia que impide el normal ejercicio de los derechos.
Por otro lado, debemos pensar políticas públicas relacionadas a la tecnología para la plena inclusión de personas con discapacidad, teniendo en cuenta que los celulares o computadoras pueden ser herramientas de trabajo y educación para estas personas, garantizarles el derecho a la tecnología e internet a quienes por su discapacidad no pueden trasladarse a grandes distancias debería ser una de las discusiones de estos días a los fines de buscar que cada argentino y cada bonaerense pueda adoptar su mayor esfuerzo para que esta sociedad crezca, claro que esto debe estar acompañado de una correcta remuneración y garantía de los respectivos derechos tanto laborales como humanos.
Se debe tener una mirada integral de la discapacidad, no es lo mismo tener una discapacidad en una Ciudad que en un pueblo, son otras las oportunidades y son otras las herramientas para desenvolverse en el día a día, se deben pensar diferentes soluciones para diferentes problemáticas.
Por último, se debe considerar una agenda activa respecto al autismo y la discapacidad en las aulas. El diagnostico de autismo viene aumentando considerablemente en los niños lo cual dificulta su plena inclusión y el pleno ejercicio del derecho a la educación, para esto se debe tener en cuenta que hay que aumentar controles de detección temprana de autismo en los establecimientos educativos para poder acompañar tanto a alumnos como familias con un tratamiento que llegue en el momento indicado de la vida del niño y se debe establecer diferentes esquemas de capacitación a los docentes a los fines de que estos cuenten con las herramientas para poder incluir a todos los alumnos por igual.
