La educación superior constituye un derecho humano y un bien público social. En Argentina, su reconocimiento estuvo acompañado por políticas públicas que ampliaron el acceso a la educación secundaria y extendieron territorialmente la universidad pública, acercándola a sectores que históricamente habían quedado fuera de estos espacios.
Sin embargo, garantizar este derecho implica mucho más que abrir las puertas de las instituciones. Según el informe de FUNDAO, también es necesario preguntarse quiénes pueden imaginarse como estudiantes universitarios, qué condiciones necesitan para sostener sus trayectorias y qué políticas pueden hacer posible que ese proyecto se concrete.
Las desigualdades sociales, económicas y culturales inciden en las posibilidades de acceso y permanencia. No transita su recorrido educativo en las mismas condiciones quien debe trabajar, cuidar a otros, enfrentar dificultades económicas o recorrer largas distancias para estudiar que quien cuenta con tiempo, recursos y redes de acompañamiento.
En este sentido, el informe problematiza la idea de meritocracia y de una igualdad de oportunidades entendida como una competencia entre individuos que parten de condiciones equivalentes.
La democratización de la educación superior requiere, entonces, políticas que acompañen las trayectorias. Becas, tutorías, conectividad, transporte, orientación y dispositivos de acompañamiento académico y de bienestar no constituyen beneficios accesorios, sino herramientas para hacer efectivo el derecho a estudiar.
La escuela secundaria también ocupa un lugar central en este proceso. Muchas veces, la posibilidad de imaginar la universidad comienza antes del ingreso: cuando un docente acerca información sobre una carrera, cuando una escuela organiza una visita a una universidad o cuando un equipo de orientación acompaña a un estudiante a pensar qué quiere hacer después.
Desde esta perspectiva, la orientación vocacional puede ser pensada como una política de derechos. No se trata solamente de informar sobre carreras, sino de ampliar el campo de lo posible y acompañar a jóvenes y adultos en la construcción de sus proyectos de vida.
Pensar la educación superior como un derecho implica, entonces, discutir las condiciones materiales e institucionales que permiten acceder, permanecer y graduarse, pero también aquellas que hacen posible imaginar un futuro diferente. La universidad pública puede constituirse así en un espacio capaz de ampliar horizontes y disputar algunos de los determinismos sociales que condicionan las trayectorias.
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Ficha técnica
Tema: Derecho a la educación superioir
Territorio: Argentina
Área: Educación, políticas públicas y justicia social
Período analizado: Actualidad
Tipo de documento: Análisis reflexivo.
Año: 2026
Autoría: Gabriela P. Suarez
Sobre la autora: Especialista en política educativa
